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IBERLEY, INTEGRA EL ACCESO A S

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sudespacho.net


01/04/2014

El Gobierno aprueba el nuevo sistema de cálculo pa


El Gobierno ha aprobado el nuevo sistema de cálculo del coste de la energía en la factura eléctrica de los pequeños consumidores. Este nuevo sistema sustituye al anterior sistema de subastas CESUR y tiene como objetivo abaratar el coste de la energía, mejorar la competencia y aumentar la transparencia y la capacidad de elección del consumidor a la hora de contratar el consumo de electricidad, según un comunicado del Ministerio de Industria.

El anterior sistema de subastas fijaba un precio fijo para todo un trimestre, un seguro que ha supuesto en los últimos cinco años 1.600 millones de euros de coste adicional para el pequeño consumidor.

El nuevo sistema toma como referencia el precio de la electricidad del mercado mayorista, que cotiza y cambia en función de la oferta y la demanda cada hora.

Como consecuencia del nuevo sistema, el consumidor acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP), antigua TUR, no tendrá que hacer nada, ni comunicar nada, ni modificar sus aparatos de medición.

El único cambio para los usuarios acogidos al PVPC, que son la mayor parte de los pequeños consumidores, consiste en que la factura se calculará con la media del precio de la electricidad en el mercado del periodo de facturación, en lugar de con el precio fijado en la subasta.

Este precio promedio de la electricidad se calculará con la media de los precios diarios del mercado mayorista y se aplicará a todo el consumo del periodo facturado. Cuando el usuario tenga un contador inteligente conectado y operativo, se facturará directamente el precio del mercado de cada hora a la energía consumida en esa hora.

Red Eléctrica publicará el precio promedio que se aplicará a la factura de cada consumidor en función de su periodo de facturación. La CNMC dispondrá también de un simulador de factura donde introduciendo el día inicial y final del periodo de facturación, el consumo y la potencia contratada, se obtendrá el precio final a pagar por el consumidor.

El nuevo sistema entra en vigor el 1 de abril y las compañías tendrán un plazo máximo de tres meses para adaptarse, hasta el 1 de julio. Durante este periodo, si tuvieran que emitir alguna factura y no tuvieran listo el nuevo sistema, aplicarán el precio fijado para el primer trimestre (48 euros/MWh). En la primera factura emitida con el nuevo sistema, se regularizará a cada consumidor la diferencia entre estos 48 euros y el precio de mercado.

Adicionalmente, se obliga a las comercializadoras de referencia a que oferten un precio fijo anual de la energía para aquellos consumidores que así lo deseen. Estas ofertas estándar serán comunicadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y serán publicadas en su web para que sean sencillamente comparables.

Las primeras ofertas anuales podrán consultarse a partir del 15 de abril. Estas ofertas anuales incluirán unas condiciones y parámetros estándar para facilitar su comprensión y comparación.

Los consumidores que se acojan a esta oferta anual tendrán que acordar expresamente en el momento de contratarla si desean una renovación automática y, en todo caso, la comercializadora deberá comunicar el nuevo precio al consumidor un mes antes de que venza el contrato anual.

 

Para mantenerse al día de los cambios normativos, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.


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01/04/2014

El TC anula un artículo de la LGSS porque causa de


La LGSS establece distintos requisitos para acceder a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho según la comunidad autónoma en la que resida el demandante.

 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el párrafo quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) por entender que vulnera el derecho a la igualdad al establecer distintos requisitos para acceder a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho según la comunidad autónoma en la que resida el demandante.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Ortega, estima una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Han formulado voto particular los magistrados Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol.

El artículo 174 de la LGSS establece los requisitos que deben cumplir las parejas de hecho para tener acceso a la pensión de viudedad. Entre otros la convivencia estable con duración ininterrumpida no inferior a cinco años y con carácter inmediato al fallecimiento del causante; así como inscripción, al menos dos años antes del fallecimiento, en el registro de parejas de hecho.

Según el TC la Ley de Seguridad Social “diferencia dos regímenes distintos en función de si la pareja de hecho reside en una Comunidad Autónoma con Derecho Civil propio o no”.

En su resolución, el Constitucional afirma que “el régimen público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos (artículo 41 CE) y garantizar al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, siendo ambos aspectos responsabilidad del Estado (artículo 149.1.17 CE)”.

“En consecuencia -añade la sentencia- la determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado (...) y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas o vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger”.

En este caso, según el tribunal de garantías, el criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las parejas de hecho introducido por la LGSS -la residencia en Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio- “no tiene ninguna justificación” objetiva.

No puede decirse que la situación de necesidad de las parejas de hecho se vea agravada según el territorio de residencia, circunstancia que sí justificaría la distinta regulación, ni tampoco que la finalidad de la prestación varíe según la Comunidad Autónoma.

El precepto cuestionado tampoco encuentra justificación en el respeto a la competencia autonómica, pues “no constituye una norma de legislación civil vinculada al artículo 149.1.8 de la Constitución, sino una norma de Seguridad social que debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de igualdad”.

El Tribunal añade que con el precepto cuestionado el legislador introduce “un factor de diversidad determinante de la desigualdad de trato en el régimen jurídico de la pensión de viudedad”, desigualdad que, como se ha visto, carece de justificación.

Además, su aplicación puede conducir “a un resultado desproporcionado, pues dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá tener o no acceso al cobro de la correspondiente pensión”.

En definitiva, concluye que “no es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho Civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho”.

La declaración de inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 174.3 de la LGSS que realiza el Tribunal Constitucional sólo afectará a los casos nuevos que se planteen en el futuro y a aquellos otros procesos sobre los que no haya recaído aún resolución firme.

En su voto particular, los magistrados Roca y Xiol discrepan de la sentencia por dos razones. En primer lugar, porque consideran que debió inadmitirse la cuestión al no cumplirse “la exigencia del juicio de aplicabilidad”; es decir, porque el Tribunal Supremo no debía aplicar el precepto cuestionado para resolver el asunto en el que surgieron las dudas de constitucionalidad.

También afirman que la aplicación del precepto no causa situaciones de desigualdad en función de la Comunidad Autónoma de residencia. “La configuración del ordenamiento civil español como un sistema plural no ha sido considerada inconstitucional, ni contraria al principio de igualdad por parte de este Tribunal”, consideran los discrepantes.

 

Para estar al día de las sentencias procedentes de los diferentes tribunales, los abogados y operadores jurídicos disponen de la base de datos de jurisprudencia que ofrece la compañía Iberley, donde se pueden encontrar la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


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31/03/2014

Se publica en el BOE la Ley General para la Defens


La norma regula aspectos como los contratos a distancia, el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos o el ‘spam’ telefónico.

 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La norma, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, adapta a la legislación española la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

La norma regula, entre otros, los contratos a distancia, el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina y otros productos similares, así como el ’spam’ telefónico, las reclamaciones colectivas, o la nueva tarifa eléctrica.

 

En primer lugar, en cuanto a los contratos a distancia, se amplía la información precontractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, que tendrá que ser clara y comprensible. También se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a 12 meses. La nueva norma, además, incorpora un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

Entre las novedades de la Ley aprobada hoy figuran medidas para evitar las "cargas encubiertas". Así, el empresario tendrá que velar por que el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.

Por otra parte, la Ley aborda la contratación telefónica de bienes y servicios y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, y que al mismo tiempo no supone cargas excesivas para los empresarios. En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.

La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta, o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

 

Asimismo, la norma aprobada, tras pasar por el Congreso y el Senado, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para legitimar a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas en los contratos por parte de las empresas como bancos o compañías suministradoras de servicios de gas, luz, teléfono u otros. También se ha acordado que las facturas electrónicas se emitan sólo en caso de que el consumidor dé su consentimiento. Mientras éste no se produzca, se publicarán en papel y no supondrán un coste adicional para el consumidor.

 

En cuanto al ‘spam’ telefónico, la nueva Ley de Consumo prohibirá este tipo de llamadas telefónicas desde las 21.00 horas de la noche hasta las 9.00 horas de la mañana entre semana, así como los fines de semana y días festivos.

Además, la utilización por parte del empresario de técnicas de comunicación que consistan en un sistema automatizado de llamadas sin intervención humana o el telefax necesitará el consentimiento expreso previo del consumidor. Igualmente, éste tendrá derecho a no recibir sin su consentimiento llamadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los referidos (como SMS, por ejemplo).

En aquellos casos en que una oferta comercial no deseada se realice por teléfono, las llamadas deberán llevarse a cabo desde un número identificable. Cuando el usuario reciba la primera oferta comercial del emisor, deberá ser informado tanto de su derecho a no recibir nuevas ofertas, como a obtener un número de referencia de dicha oposición.

 

Otro de los puntos importante de la normativa publicada es el que se refiere al uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos. Así, se establece que los cigarrillos electrónicos no se podrán usar en centros de las administraciones públicas y entidades de derecho público; también estará prohibido en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos. En el caso de los centros docentes o formativos, se prohibirá en los espacios al aire libre "salvo en los de centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes".

También estarán vetados estos cigarrillos al aire libre en parques infantiles o zonas de juego para la infancia, siempre que estén acotados y contengan "equipamiento o acondicionamiento destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores".

En lo que respecta al transporte, su uso estará restringido en cualquier tipo de vehículos de transporte público urbano e interurbano, así como en transporte marítimo, ferroviario o aéreo. En este último caso, no obstante, la prohibición sólo afectará a aviones de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras.

Por otra parte, se establece el régimen de publicidad aplicable a estos dispositivos de forma que su promoción deberá hacerse exclusivamente en aquellos soportes y franjas horarias en los que no esté prohibida según la Ley del Tabaco. Así, se prohibirá su publicidad en la emisión de programas dirigidos a menores de 18 años y durante 15 minutos antes o después de la trasmisión de los mismos.

Además, en medios audiovisuales no se podrá ver su publicidad en la franja horaria comprendida entre las 16.00 y las 20.00 horas. En ningún caso se atribuirá a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina una eficacia o indicaciones terapéuticas que no hayan sido específicamente reconocidas por un organismo público competente; y en su publicidad no podrán aparecer menores de 18 años.

 

Para mantenerse al día de los cambios en la legislación, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.


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31/03/2014

El 41% de los empresarios dice que la reforma labo


Sólo el 22% admite que la reforma laboral les benefició, el mismo porcentaje que espera que esta norma les ayude en el futuro.

 

 

El 41% de los empresarios cree que la reforma laboral de 2012 no les ha ayudado nada, frente a un 22% que admite que les benefició, el mismo porcentaje que espera que esta norma les ayude en el futuro, según la 'Guía del Mercado Laboral 2014' realizada por la multinacional británica ‘Hays’ en colaboración con el Instituto de Empresa.

Esta guía, que ha contado con las respuestas y opiniones de casi 1.350 empresarios y 7.321 trabajadores, revela que el 53% de las empresas contratará personal este año, casi el mismo porcentaje que realizó despidos en 2013 (54%). Los perfiles más buscados serán los de ventas y comercial, seguidos de ingenieros e informáticos.

El informe muestra que las empresas han retenido bastante bien sus plantillas, ya que sólo el 13% detectó el año pasado una "fuga voluntaria de talento" entre sus empleados. No obstante, el estudio señala que el miedo a perder el empleo ayudó a las empresas a retener trabajadores.

Casi dos de cada tres empresarios aseguran que no tiene en cuenta los costes del despido a la hora de contratar, y más del 80% atiende a la experiencia del candidato, más que a su formación. Para el 90%, tener inglés es importante para su empresa, por encima del castellano (81%), el francés (26%), el catalán (21%) y el alemán (19%).

En materia retributiva, la mitad de las empresas congeló salarios en 2013 y sólo una de cada cuatro subió el sueldo a sus trabajadores, según este informe. Asimismo, el 51% de los empresarios reconoce que paga remuneración variable a sus empleados (frente al 56% del ejercicio anterior), basándose la mayoría en una fórmula mixta entre resultados individuales y de empresa.

Entre los beneficios no financieros más importantes que ofrecen las empresas a sus trabajadores se encuentra el coche de empresa, la formación externa, el seguro médico y las dietas.

De entre los 7.300 trabajadores encuestados para este trabajo, más de 2.500 estaban en el paro. El 48% de ellos fueron despedidos y el 23% rechazó alguna oferta de empleo por considerar insuficiente el salario, por no adaptarse la oferta a su experiencia o formación o por tratarse de proyectos poco interesantes.

Por su parte, uno de cada cuatro encuestados con trabajo afirma sentirse estancado en su carrera profesional y el 82% está considerando cambiar de trabajo este año, si bien sólo la mitad está buscando de manera activa. El 23% de los trabajadores espera recibir un aumento de sueldo de entre el 10% y el 20% al cambiar de empleo.

Según este informe, el mismo porcentaje de parados que de trabajadores (68%) valora la posibilidad de irse al extranjero a trabajar, con Europa como destino favorito. Sin embargo, a la mayoría (87%) le atan razones familiares para no dar este salto.

El 85% de los expatriados emigró de España hace menos de cinco años por falta de oportunidades laborales, otros lo hicieron porque, pese a tener trabajo en España, recibieron una oferta más interesante en el extranjero. Más de la mitad espera volver a España en algún momento.

La encuesta revela además que el 73% de los trabajadores no teme perder su empleo, porcentaje que se ha duplicado respecto a la anterior encuesta (35%), y muestra que el 6% asumiría un recorte salarial para ayudar a reducir la tasa de paro, mientras que el 32% lo aceptaría si su salario volviera a ser el mismo cuando la situación mejorase. Entre quienes sí lo harían, casi el 60% aceptaría una bajada salarial de entre el 5% y el 10%.

 

Los abogados y asesores deben estar al día de todos los cambios normativos que se van aprobando y publicando, desde las pequeñas reformas hasta las leyes más importantes, como es el caso de la Reforma Laboral de 2012. Además, con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio óptimo, también es importante que conozcan de primera mano cómo evolucionan y funcionan dichas normas.

Para acceder a toda esta información, la compañía Iberley ofrece un servicio de base de datos para abogados y asesores a través del cual pueden tener a un clic de ratón toda la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


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27/03/2014

Un juzgado de Barcelona condena al portero de una


Se trata de una sentencia pionera en España por ser la primera en la que se aplica el artículo 512 del Código Penal para este tipo de hechos.

 

 

El Juzgado de lo Penal 6 de Barcelona ha condenado a un portero de discoteca a un año de inhabilitación para ejercer esta profesión y a una indemnización por daños morales al denegar la entrada de forma discriminatoria a dos mujeres transexuales lo que, según la Fiscalía de Barcelona, es la primera sentencia conocida en España en la que se aplica el artículo 512 del Código Penal para este tipo de hechos.

Este artículo del Código Penal se refiere a los profesionales que deniegan a una persona una prestación a la que tenga derecho “por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía”, para los que establece penas de uno a cuatro años de inhabilitación.

Este caso sucedió sobre las dos de la madrugada del 30 de octubre de 2011, cuando un portero de la discoteca ‘Get Back’de Barcelona no dejó entrar a las mujeres argumentando que “su jefe no quería mezclar los ambientes”, en alusión a su condición de transexuales.

Esa fue la segunda de las excusas ya que, en un principio, les dijo que no podían entrar porque el aforo estaba lleno, aunque seguían entrando más personas al local, según los hechos que la sentencia considera probados, y que también confirma que los denunciantes sufrieron una crisis “de ansiedad, angustia e impotencia”.

El acusado, responsable de la puerta, declaró en el juicio ante la magistrada, Graziella Moreno, que “es padre de una chica transexual y no tiene prejuicios”, que trabaja en la discoteca desde 1983, y que no se les dejó entrar por problemas de aforo.

La juez le ha condenado a la inhabilitación de un año para ejercer este cargo y a indemnizar a cada una de los dos transexuales con 300 euros por daños morales, de lo que es responsable civil subsidiaria la discoteca.

Por otra parte, ha absuelto a otro acusado en la causa, controlador de acceso de la discoteca, que estaba en la misma puerta, al considerar que “no intervino en los hechos”.

La sentencia aún no es firme y aún se puede interponer recurso de apelación.

 

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