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IBERLEY, INTEGRA EL ACCESO A S

Iberley

sudespacho.net


16/04/2014

El Poder Judicial abre a toda la carrera judicial


Las opiniones de los jueces y magistrados españoles, de los órganos de gobierno de los tribunales y de las asociaciones judiciales se tendrán en cuenta para elaborar el informe que se remitirá al Gobierno.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir a toda la carrera judicial el debate sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de modo que las opiniones de los jueces y magistrados españoles, de los órganos de gobierno de los tribunales y de las asociaciones judiciales se tendrán en cuenta para elaborar el informe que se remitirá al Gobierno.

El texto del Anteproyecto, que consta de 667 artículos, ocho disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, disposición derogatoria y cinco disposiciones finales, se ha dividido en cinco bloques temáticos, cada uno de los cuales cuenta con uno de los cinco vocales de la Comisión Permanente como ponente-relator.

Los veinte vocales del Consejo, en cualquier caso, disponen ya del texto y tienen un mes de plazo, prorrogable, para efectuar propuestas previas al informe. Además, los miembros del CGPJ podrán incorporarse como ponentes a una de las cinco subcomisiones de trabajo, una por bloque temático, que se han constituido.

Con el objetivo de abrir un debate abierto y participativo en toda la carrera, durante un mes se habilitará en la Intranet judicial un formulario para recoger online las propuestas deseen formular todos los jueces y magistrados españoles.

El Anteproyecto será asimismo remitido a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, así como a una representación de los Jueces Decanos y a las asociaciones judiciales, pidiéndoles sus sugerencias.

El primero de los bloques en los que se ha dividido el Anteproyecto para facilitar su estudio incluye los artículos referidos a la potestad jurisdiccional, su titularidad y su ejercicio.

El bloque número dos se centrará en el análisis de la parte dedicada a la organización y funcionamiento de los tribunales, mientras que en el número tres se estudiarán los artículos que tratan de la carrera judicial.

En el cuarto bloque se examinará el articulado sobre el Consejo General del Poder Judicial y en el quinto el referido a los letrados y restantes cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, así como al Ministerio Fiscal y al resto de operadores jurídicos.

 

Para mantenerse al día de los cambios en la legislación, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.


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15/04/2014

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyec


La reforma modifica ambas normativas para facilitar el intercambio seguro de información entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y evitar así informaciones contradictorias e incompletas sobre el mismo bien inmueble.

 

 

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y en coordinación con el Ministerio de Hacienda, aprobó el pasado viernes el Anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro para facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y evitar así informaciones contradictorias e incompletas sobre el mismo bien inmueble.

Según el Ejecutivo, en la actualidad, ambas instituciones tienen competencias diferenciadas que, sin embargo, recaen sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. La coordinación de la información existente entre ambas resulta indispensable para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y administraciones. Sin embargo, la dispersión normativa y la falta de tratamiento integral y homogéneo de los datos entre uno y otro provocan que hoy en día el resultado sea precisamente el contrario: el registro utiliza una cartografía distinta de la catastral y de difícil relación; los procedimientos de intercambio de información son anticuados e insuficientes; y es difícil saber cuándo una finca registral y una parcela catastral son la misma realidad.

Esta situación impide un control real y genera inseguridad, favoreciendo, por ejemplo, que haya fincas inscritas varias veces, que algunas puedan invadir el dominio público o los montes públicos o que se dificulte la detección de construcciones ilegales.

Por esta razón, el anteproyecto modifica ambas normativas para coordinar los datos entre las dos instituciones, permitiendo que el registro tenga acceso a la cartografía catastral y viceversa. Con carácter general, se utilizará la cartografía del Catastro y, excepcionalmente, siempre que una ley lo prevea, se podrá presentar al Registro una representación gráfica georreferenciada alternativa y compatible, que en virtud del correspondiente procedimiento, se incorporará al Catastro.

Se definen también el procedimiento para la incorporación de la descripción gráfica de las fincas al Registro de la Propiedad y sus efectos jurídicos: esta descripción será obligatoria cuando haya cualquier operación de reordenación de los terrenos o de las fincas (segregaciones, divisiones, etc.), y voluntaria en los demás casos (compraventas o constitución de derechos).

Asimismo, se regulará un procedimiento actualizado de intercambio de información entre el Registro y el Catastro que evite discordancias, en beneficio de las administraciones (control del fraude) y de los ciudadanos (simplificación administrativa).

 

El anteproyecto desjudicializa también los procedimientos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad extrarregistral, sea esta física o jurídica, para así agilizar su tramitación y reducir costes. A partir de la aprobación del proyecto, notarios y registradores de la Propiedad serán los responsables de los expedientes de inmatriculación de fincas, la rectificación de superficie, la incorporación de bases gráficas, el deslinde, la reanudación de tracto, la duplicidad de inscripciones y la liberación de cargas. De esta forma se evitará su tramitación ante los tribunales, tal como hasta ahora sucedía con los conocidos expedientes de dominio para la inscripción de excesos de cabida y reanudación de tracto.

En relación con este último procedimiento, si bien era posible su tramitación notarial, en la práctica su utilización era muy escasa por la necesidad de aprobación judicial posterior. En cualquier caso, se mantiene el principio de tutela judicial efectiva, pues en caso de oposición fundada de algún interesado la controversia será decidida en sede judicial.

Con el fin de agilizar y buscar una mayor eficiencia, también se unifican los trámites y armonizan las soluciones para los expedientes que tienen una misma finalidad.

 

Al integrar y coordinar todos los datos y sistemas de inmatriculación de bienes, se actualiza también la especial situación de la Iglesia católica en este punto. Se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación.

Por diversas razones históricas los templos dedicados al culto católico no se consideraron susceptibles de inscripción hasta 1998. Según el Gobierno, el tiempo transcurrido desde entonces y la normalidad con la que esta práctica se ha extendido a toda la sociedad, junto con la existencia de una conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos, justifican la aplicación general de este procedimiento.

 

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15/04/2014

El Gobierno aprueba un nuevo modelo de concesión d


Se reduce en un 50% la tasa de solicitud y búsqueda de patentes para Emprendedores y Pymes.

 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes el Anteproyecto de Ley de Patentes, que revisa el marco legal de la propiedad industrial en España, regulado por la Ley de patentes de 1986. El objetivo fundamental de la nueva ley es equiparar la normativa al ámbito internacional y fortalecer el sistema de patentes español, estableciendo un marco legal que prime la actividad verdaderamente inventiva y novedosa.

La Ley busca fomentar y proteger la innovación en España, ofreciendo una alternativa atractiva para los interesados que opten por la vía nacional de protección de las invenciones. La nueva ley ofrece a los empresarios, emprendedores individuales y a las instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante patentes sólidas, eliminando las desventajas comparativas frente a los solicitantes de la vía europea y de la vía internacional, según un comunicado del Ministerio de Industria.

Un sistema de patentes sólido evita además monopolios injustificados, ya que no se da la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone a no ser que se justifique realmente la novedad. Además, beneficia a los particulares al garantizar la seriedad de las patentes, evitando las burbujas tecnológicas y mejorando en general la imagen de la patente española.

 

Las principales novedades del Anteproyecto son:

§  Se reduce en un 50% la tasa de solicitud y búsqueda de patentes para Emprendedores y Pymes.

§  Se modifica el sistema de concesión, estableciendo un único procedimiento con examen previo de novedad y actividad inventiva, que dará como resultado patentes de mayor calidad y comparables a las de los países de nuestro entorno. La implantación de un único procedimiento que desemboca en un único título, beneficiará también a la seguridad jurídica,  dado que se trata de títulos que han superado un doble filtro: examen sustantivo, y posibles oposiciones de terceros.

§  Los solicitantes tendrán acceso a información relevante que les permitirá adoptar decisiones sobre la posibilidad de, por ejemplo, patentar en otros países, permitiendo así establecer una estrategia de internacionalización de su empresa.

§  Concesión rápida de patentes sólidas. Se reducen las cargas administrativas, y se aceleran los procedimientos para proteger la innovación mediante patentes. El caso de los modelos de utilidad (que afectan a invenciones menores), se amplía su ámbito a los productos químicos.

§  Se armonizan los requisitos formales de las solicitudes y otros trámites administrativos con los que ya se aplican en los procedimientos internacionales, eliminando desventajas comparativas

§  Se aclara además el régimen de las invenciones laborales (las que se producen en el contexto de una relación profesional), simplificándose su procedimiento y aumentando la seguridad jurídica.

§  Se simplifica la regulación de las denominadas licencias obligatorias, que son aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe dar en todo caso para evitar que una invención quede sin explotar.

§  Por último, se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP. Estos títulos de propiedad industrial extienden por un plazo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización.

 

El Anteproyecto de Ley establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), será la única institución nacional que otorgará la fecha de presentación a las patentes que se soliciten, y será también la única que otorgará patentes, garantizando de esta manera la unidad de mercado.

La norma regula también el régimen de actuación ante la OEPM de manera que sólo será necesario actuar a través de un Agente de la Propiedad Industrial (API) cuando el solicitante sea extracomunitario tal y como sucede habitualmente en la mayor parte de los países.

Además se incluye entre los fines de la OEPM el impulso y desarrollo de la mediación y el desempeño como institución arbitral, y de acuerdo con la legislación vigente, de las funciones que por Decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

 

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14/04/2014

Gallardón anuncia que ningún cargo público podrá


Esta medida se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Es decir, que no podrá hacerlo por escrito, como ocurre ahora.

Esta es una de las propuestas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al ministerio para la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal “adaptado al siglo XXI”. Y como ha adelantado el titular de Justicia durante una interpelación en la Cámara baja, la medida se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el Ministerio. Asimismo, el ministro ha confirmado que incorporará también a esta nueva ley la prohibición de que un político forme parte de una lista electoral cuando se le haya abierto juicio oral.

Durante su intervención, Gallardón mostró su deseo de llegar a acuerdos con otros partidos para mejorar la lucha contra la corrupción y repasó las medidas en las que ha trabajado el Gobierno en su conjunto, como la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-financiera de los Partidos Políticos; o la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración del Estado; en la que se establecen dos niveles de limitación del ejercicio de las actividades económicas privadas después del cese.

Ruiz-Gallardón también se refirió a la mejora en la lucha contra la corrupción que supone el Código Penal -actualmente en tramitación parlamentaria-, en lo relativo a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, falsedad contable, administración desleal, financiación ilegal o estafa.

Del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el viernes por el Consejo de Ministros resaltó que, entre otras medidas, se suprime la figura de los magistrados autonómicos, que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de la terna presentada por los Parlamentos autonómicos, lo que garantizará la ausencia de cariz político en las decisiones de los tribunales.

 

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14/04/2014

La justicia ratifica que las redes P2P son legales


Las discográficas habían demandado al desarrollador de software español Pablo Soto por violación de la propiedad intelectual y competencia desleal.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ratifica que crear y difundir redes de intercambio de archivos P2P es legal en España. La Audiencia desestima el recurso de las discográficas contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil y le da la razón así al desarrollador de software español Pablo Soto, al que habían demandado por violación de la propiedad intelectual y competencia desleal.

Algunas de las discográficas más importantes del mundo comoUniversal, Warner, Sony BMG, Emi o la patronal PROMUSICAE que lo llevaron a juicio en diciembre de 2011 le reclamaban una indemnización de 13 millones de euros por sus actividades. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid desestimó íntegramente la demanda pero las grandes discográficas recurrieron la absolución.

El propio Pablo Soto y uno de sus abogados, David Bravo, han confirmado este miércoles en sus cuentas de Twitter su "victoria". "He vuelto a ganar a las multinacionales!! Menos mal, porque ahora que estoy sin un euro, pagarles 13 millones me venía fatal", ironiza Soto en su perfil en la red social.

Por su parte, el abogado ha compartido en su 'timeline' algunos de los puntos de la sentencia. Según expone Bravo, la sentencia ratifica que "crear y difundir redes P2P es legal en España". Los jueces también señalan que "la doctrina emanada de la condena a Napster en EEUU no es trasladable a España, donde crear redes P2P no infringe la Ley" y que "ofertar tecnología P2P avanzada no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno".

Bravo ha expresado su alegría por esta sentencia favorable que, dice, "da seguridad jurídica a los desarrolladores de software en España, que no serán responsables de los usos de su herramienta".

 

Para estar al día de las sentencias procedentes de los diferentes tribunales, los abogados y operadores jurídicos disponen de la base de datos de jurisprudencia que ofrece la compañía Iberley, donde se pueden encontrar la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


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