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IBERLEY, INTEGRA EL ACCESO A S

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sudespacho.net


22/04/2014

El TS ampara a un trabajador al que se pagó con r


El trabajador sufrió un despido improcedente tras 31 años en la empresa, a partir del cual comenzó a cobrar sus nóminas con retraso de más de un mes.

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado la demanda de un trabajador de un hotel de Málaga que con 31 años en la plantilla y tras sufrir  un despido  improcedente comenzó a cobrar sus nóminas con retraso de más de un mes.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Gullón, revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimó el recurso de la empresa, Transhotel Palmeras S.A., contra una sentencia anterior que había dado la razón al trabajador y la condenaba a indemnizarle con 94.789 euros.

El reclamante, que trabajaba en el hotel desde 1974, fue despedido en noviembre de 2010 si bien esta decisión fue declarada improcedente. Inmediatamente después el trabajador comenzó a sufrir retrasos de más de un mes en el abono de sus nóminas y reclamó la extinción del contrato por incumplimiento del empleador.

En un acuerdo alcanzado con los trabajadores se aludía a la mala situación económica de la empresa por lo que se había decidido transformar los contratos fijos en temporales, bajas incentivadas y prejubilaciones aunque se hacía mención alguna a que los empleados hubiera aceptado el pago con retraso de sus salarios, según detalla el Supremo.

La jurisprudencia del alto tribunal aprecia que la gravedad del incumplimiento del deber de abonar puntualmente los salarios (artículo 4,2 del Estatuto de los Trabajadores) "es de naturaleza objetiva, al margen de cualquier elemento de culpabilidad subjetiva del empresario incumplidor".

La sentencia, que unifica doctrina, concluye que "existen unos retrasos en el pago de los salarios del trabajador demandante que tienen gravedad suficiente para constituir la causa de extinción", puesto que dichos retrasos son "continuados, persistentes en el tiempo y cuantitativamente importantes".

 

Para estar al día de las sentencias procedentes de los diferentes tribunales, los abogados y operadores jurídicos disponen de la base de datos de jurisprudencia que ofrece la compañía Iberley, donde se pueden encontrar toda la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


Tags: abogados para software


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22/04/2014

La Agencia Tributaria crea una aplicación para mó


El PIN permite presentar diversas declaraciones de impuestos, entre las que se encuentra la declaración del IRPF, actualmente en plena campaña.

La Agencia Tributaria ha creado una aplicación para móvil del PIN 24 horas que está disponible para su descarga gratuita en atunes y Google Play. El PIN permite presentar diversas declaraciones de impuestos, entre las que se encuentra la declaración del IRPF, actualmente en plena campaña.

Los usuarios, además de descargar y activar la aplicación para cada NIF con el que pretendan utilizarla, hasta un máximo de cinco por dispositivo, deben registrarse previamente en el sistema PIN 24 horas.

En concreto, deben enviar el NIF, la fecha de expiración y una clave de 4 caracteres. La Agencia Tributaria le devolverá un SMS con los otros 3 caracteres del PIN al número de teléfono móvil con el que se haya registrado en el sistema PIN 24 horas. Una vez recibido el SMS, el usuario lo introducirá en la APP, quedando activada de este modo para ese NIF.

A partir de ese momento, el contribuyente puede pedir desde dicho dispositivo móvil tantos códigos PIN como necesite para sus trámites electrónicos con la Agencia Tributaria. El sistema puede utilizarse en dispositivos móviles que no tengan SIM, por ejemplo, en tabletas Wifi.

 

Los asesores fiscales deben estar al día de los cambios efectuados por el Gobierno en cuanto a plazos y nuevas herramientas que facilitan la presentación de diversas declaraciones de impuestos. Para acceder a toda esta información, la compañía Iberley ofrece un servicio de base de datos estructurado en las diferentes materias que interesan a los asesores, entre las que podemos encontrar laboral, fiscal, contable o administrativo.


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21/04/2014

El TS confirma la condena a un notario por autori


Tendrá que pagar de 2.450.000 euros al comprador por los graves daños ocasionados.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un notario por autorizar la venta de una vivienda sobre la que pesaba un embargo sin avisar al comprador. Por ello, tendrá que pagar una indemnización de 2.450.000 euros por los graves daños ocasionados a la empresa que compró la finca en el Paseo de Gracia de Barcelona.

La sentencia de la Sala Civil considera probado que el registro comunicó por fax el embargo a la notaría cuatro días antes de que se firmara la escritura pública y que la notaría debió recibirlo. El registro aportó en su día como prueba la copia del recibo que emitió el sistema informático confirmando que había llegado a su destino. Desde la notaría afirmaron que no recibieron el fax y que su línea funcionaba perfectamente.

En este caso, según la sentencia, queda acreditado que la comunicación entre el registro y la notaría no funcionó y aunque el notario pudiera alegar que desconocía el embargo, "esa ignorancia es inexcusable a los efectos de responder, conforme al artículo 146 del Reglamento Notarial, de los daños y perjuicios ocasionados al comprador".

 

Para estar al día de las sentencias procedentes de los diferentes tribunales, los abogados y operadores jurídicos disponen de la base de datos de jurisprudencia que ofrece la compañía Iberley, donde se pueden encontrar toda la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


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21/04/2014

El Consejo Europeo aprueba la reforma de los serv


Destaca la obligación de rotación de firma de auditoría cada 10 años en el caso de Entidades de Interés Público.

El Consejo Europeo ha aprobado la reforma del Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal en las Entidades de Interés Público (EIP) y sobre la modificación de la Directiva de auditoria, tras el visto bueno del Parlamento Europeo del pasado 3 de abril.

Según ha señalado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en una nota de prensa, entre las principales modificaciones de la nueva legislación destaca la obligación de rotación de firma de auditoría cada 10 años en el caso de Entidades de Interés Público.

Este plazo podrá prorrogarse por 10 años más, siempre y cuando se lleve a cabo una licitación de los servicios de auditoría por parte de la empresa auditada o, incluso, por 14 años si la empresa contrata a más de una firma de auditoría (co-auditoría), siendo en este caso el plazo máximo de 24 años.

Asimismo, el acuerdo contempla una lista de servicios prohibidos a la empresa auditada distintos de la auditoría, en particular los relacionados con la asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión.

Igualmente, propone fijar un tope del 70% (basado en la media de tres años) a los ingresos que obtengan las firmas de auditoría por servicios no relacionados con dicha actividad que no estén prohibidos, siempre que dichos servicios sean prestados a una misma empresa por periodos superiores a tres años.

El presidente del ICJCE, Mario Alonso, ha denunciado la sobrerregulación que está afectando especialmente a las pequeñas y medianas firmas de auditoría, ya que son las que se enfrentan a mayores dificultades para el cumplimiento normativo.

Tras la aprobación del Consejo, la reforma se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de mayo. A partir de ese momento, los Estados dispondrán de un plazo de dos años para aplicar la mayoría de las disposiciones, salvo las restricciones a los ingresos no relacionados por la auditoría, que entrarán en vigor en tres años.

 

Para mantenerse al día de los cambios en la legislación, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.


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16/04/2014

Un juzgado de Madrid declara nulo el despido de u


El juzgado de lo Social número 26 de Madrid ha declarado nulo el despido de una trabajadora embarazada durante el periodo de prueba y ha condenado a la empresa donde prestaba sus servicios, Global Sales Solutions Line, a readmitir a la trabajadora de inmediato.

Así consta en una sentencia difundida este lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya asesoría jurídica fue la que elaboró la demanda de la trabajadora contra la empresa.

La mujer fue contratada por GSS Line, bajo la modalidad de contrato de obra o servicio a tiempo parcial, el pasado 20 de agosto, con la categoría de teleoperadora y un salario mensual bruto con prorrata de pagas extras de 882,57 euros. El periodo de prueba pactado fue de un mes (hasta el 20 de septiembre de 2013).

En el momento de su contratación, la trabajadora estaba embarazada de 27 semanas. Estando de 29 semanas de gestación, cuando llevaba catorce días trabajando en la empresa, fue dada de baja laboral por una lumbalgia, interrumpiéndose así el periodo de prueba.

El 11 de septiembre, antes de cumplirse el periodo de prueba pactado, la empresa envió un burofax a la mujer para comunicarle que no había superado el periodo de prueba y que su intención había sido la de resolver el contrato antes incluso de que se produjera la baja laboral.

Durante el procedimiento, la empresa aportó contratos de otros dos trabajadores más que fueron contratados en la misma fecha y que no superaron el periodo de prueba. En el caso de estos trabajadores sí se agotó el periodo de prueba, obteniendo éstos además peores resultados respecto a los objetivos marcados que la trabajadora embarazada despedida.

Tras analizar los hechos, la magistrada Henar Merino considera probado que la empresa precipitó el despido de la trabajadora embarazada sin cumplir o utilizar el periodo de prueba establecido, a diferencia de lo que hizo con los otros dos trabajadores, con los que sí agotó el periodo de prueba.

Entiende también que, conociendo su embarazo, la empresa no tuvo causa objetiva para despedir a la trabajadora, por lo que declara la nulidad del despido y condena a GSS Line a readmitir a la trabajadora y pagarle los correspondientes salarios de tramitación. Contra la sentencia, fechada a finales de marzo, cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

CGT se ha felicitado de este fallo y lo considera "un paso adelante" en la defensa de los derechos de las trabajadoras embarazadas, y más después de que la última reforma laboral creara un contrato indefinido (el de apoyo a emprendedores) con un periodo de prueba de un año.

El sindicato ha recordado además que el Tribunal Constitucional determinó que durante el periodo de prueba no es extensible la protección a las mujeres embarazadas que existe en el resto de situaciones laborales.

 

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