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IBERLEY, INTEGRA EL ACCESO A S

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sudespacho.net


25/04/2014

El TEDH obliga a España a no expulsar a 30 saharau


El Tribunal de Estrasburgo establece que los inmigrantes tendrán que permanecer en territorio nacional hasta que agoten las vías legales para recurrir la decisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado a España a mantener en el territorio nacional a 30 saharauis a los que se rechazó conceder asilo, y que demandaban al Estado por no haber obtenido respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales españoles.

La sentencia del tribunal europeo establece que no podrán ser expulsados "hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional". Los demandantes consideran que en su caso se vulneraron los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un recurso efectivo), de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su recurso ante el tribunal con sede en Estrasburgo alegaron que escaparon de un campo del Sáhara Occidental después de que éste fuera atacado brutalmente por la policía marroquí y que llegaron en barco a Canarias entre enero de 2011 el agosto de 2012.

A su llegada a España solicitaron asilo, pero esta protección les fue denegada por el Gobierno. Sus recursos administrativos contra esta decisión fueron rechazados igualmente de forma sistemática, por lo que consideran que sus derechos fundamentales se vieron vulnerados.

"El Tribunal ha observado que no se han agotadado las vías legales de recurso contra el rechazo del asilo en la jurisdicción nacional" por lo que "la Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse de forma definitiva"

El TEDH establece que "el Estado español deberá de garantizar, jurídica y materialmente, la estancia de los demandantes en el territorio español durante el examen de sus causas y hasta que exista una decisión definitiva sobre sus demandas". Considera que España ha violado el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.

 

Para estar al día de las sentencias procedentes de los diferentes tribunales, los abogados y operadores jurídicos disponen de la base de datos de jurisprudencia que ofrece la compañía Iberley, donde se pueden encontrar la legislación actualizada día a día, con prácticos buscadores y de la forma más intuitiva.


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25/04/2014

El TSJM declara improcedente una jubilación forzos


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado improcedente la jubilación forzosa de una empleada de la Consejería de Educación y ha obligado a la Comunidad de Madrid a readmitirla o indemnizarla.

De este modo, los magistrados dan la razón a una empleada adscrita a la Consejería autonómica de Educación, a la que al cumplir 65 años se le aplicó la jubilación forzosa prevista en el Convenio Colectivo para el personal de la Comunidad de Madrid.

Por ello, los magistrados del Alto Tribunal madrileño declaran ahora improcedente el despido y obliga a la Consejería de Educación a readmitirla o indemnizar a la mujer. Según informa el sindicato, esta trabajadora ha recuperado su puesto de trabajo.

El artículo 50 del convenio señala que "la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 años, comprometiéndose la Comunidad a cubrir las plazas que por esa razón queden vacantes". Sin embargo, según el fallo, la plaza que ocupaba la trabajadora continuaba vacante en el momento de formalizar el recurso.

La Sección número 5 de lo Social del TSJM revoca ahora la sentencia de instancia dictada por un Juzgado de lo Social y en su sentencia, que ya es firme, insiste en la necesidad de que la "jubilación forzosa del trabajador se vincule de manera ineluctable a una verdadera política de empleo".

La Sala también hace referencia a la disposición adicional décima del Estatuto de Trabajadores, modificada por la Reforma Laboral de julio de 2012, que señala como uno de los requisitos para extinguir automáticamente un contrato de trabajo, al cumplirse una determinada edad, la "necesaria vinculación del cese obligatorio a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo".

Según el sindicato, la sentencia concluye que "Debemos concluir (...) que la norma que venimos examinando, que regula la jubilación forzosa por edad (el artículo 50a del Convenio Colectivo para el personal de la Comunidad de Madrid), no observa, en clave colectiva, las exigencias legales que hacen viable la extinción del contrato por tal causa, puesto que se limita a establecer el compromiso genérico de esta Comunidad por el que se obliga a 'cubrir, por los métodos establecidos en este Acuerdo, las plazas que por esta razón quedaran vacantes'. Nada más", concluye el TSJ de Madrid.

Por tanto, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Gascón Vera, estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por CSI-F Madrid, declara la improcedencia del despido y condena a la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad a readmitir a la trabajadora o a indemnizarla. 

 

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25/04/2014

Menos del 1% de las pymes y autónomos solicitan el


Menos de 22.000 contribuyentes se han dado de alta en el régimen especial de IVA de caja, frente a los 2,3 millones de autónomos que podían acceder a dicho régimen fiscal.

Un total de 21.589 contribuyentes se han dado de alta en el régimen especial de IVA de caja, cuyo plazo finalizó el pasado 31 de marzo, frente a los 2,3 millones con facturación por debajo de dos millones de euros que podían adherirse a dicho régimen fiscal, según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por Europa Press. Del total, 10.385 corresponden a pymes y los 11.184 restantes son autónomos.

El departamento de Cristóbal Montoro atribuye estas cifras a que están funcionando también otras medidas puestas en marcha por el Gobierno para mejorar la liquidez de estos colectivos. En concreto, apunta que el periodo medio de pago en la Administración General del Estado se ha reducido en 25 días en el cuarto trimestre de 2013, frente a los 33 días del trimestre anterior.

Además, subraya los efectos del plan de proveedores y del fondo de liquidez autonómico. El primero ha dispuesto liquidez por 41.800 millones de euros, de los que 30.200 millones se han destinado a pagar facturas de las comunidades autónomas, y otros 11.600 millones, a facturas de entidades locales.

El régimen especial de IVA de caja, que tiene carácter voluntario, fue aprobado por el Gobierno e incluido en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, a propuesta de las propias organizaciones de empresarios y autónomos como un elemento más de apoyo a la liquidez y necesidades de tesorería de las empresas, fundamentalmente de aquellas que contratan con la administración.

El nuevo sistema permite que las pymes y autónomos que se adhieran a él no paguen el IVA de las facturas hasta que realmente las hayan cobrado y está en vigor desde enero de 2014. Las empresas que quieran voluntariamente adherirse al nuevo mecanismo deberán comunicarlo con carácter general el mes de diciembre anterior al año en el que haya de surtir efecto, durante un periodo mínimo de tres años, y la renuncia al régimen se hará también ese mismo mes.

Según el Gobierno, este nuevo régimen fiscal supone una mejora de la financiación del negocio para quien lo solicite, y destaca que la legislación española es más ambiciosa que la implantada en otros países europeos. Con carácter general los socios europeos que lo han implantado (Alemania, Suecia, Portugal, Eslovenia y Estonia) lo han hecho para las actividades con un cifra de negocio inferior a 500.000 euros. Reino Unido lo ha establecido con un umbral de 1,75 millones de euros. Italia lo implantó para 2 millones de euros, al igual que España.

El Ejecutivo afirma que las obligaciones formales para acogerse al citado régimen especial son muy reducidas y responden, exclusivamente, al oportuno control tributario. Así, se limitan a añadir en los libros registro las fechas de cobro o pago y el medio utilizado. Tampoco supone sobrecostes, ya que aquellos que optan por el IVA de caja les basta con identificar en sus facturas la aplicación de este régimen.

Los clientes de las pymes y autónomos acogidos al régimen especial deben utilizar el criterio de caja también respecto a las operaciones realizadas con ellos. De este modo, la posibilidad de adelantar la deducibilidad del IVA soportado supone un incentivo a estos clientes para adelantar el pago de sus facturas.

 

Los asesores fiscales deben estar al día de los cambios efectuados por el Gobierno en cuanto a plazos, nuevas herramientas que facilitan la presentación de diversas declaraciones de impuestos o su repercusión. Para acceder a toda esta información, la compañía Iberley ofrece un servicio de base de datos estructurado en las diferentes materias que interesan a los asesores, entre las que podemos encontrar laboral, fiscal, contable o administrativo.

 


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23/04/2014

Empleo y Cantabria firman un convenio para la luc


Contempla la creación de una unidad de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra el empleo sumergido.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, han firmado un Convenio de colaboración para la lucha contra el empleo no declarado. El objetivo es estrechar más la colaboración entre ambas Administraciones dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno hace dos años.

En este sentido, la actuación contra la actividad laboral irregular ha permitido que en Cantabria afloraran 1.472 empleos irregulares, entre 2012 y 2013. Esta cifra supone un 41% más que en el bienio anterior. Además, la detección del fraude en prestaciones por desempleo en empresas se ha incrementado un 43,55%.

Por otra parte, Báñez destacó la "mejora sustancial" en la lucha contra las empresas ficticias, prueba de ello es la anulación de 12 sociedades fantasmas frente a tan sólo una en el periodo 2010-2012.

La ministra ha subrayado la necesidad de sentar bases sólidas para el  crecimiento económico, la creación de empleo estable y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema público de protección social. "Unos objetivos que necesitan la participación de todos, y a cuya consecución Cantabria está contribuyendo de forma extraordinaria", señaló.

El convenio suscrito este lunes contempla la creación en Cantabria de una unidad de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Asimismo, potencia la participación y colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones de control desarrolladas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, del Gobierno cántabro.

En el ámbito de la planificación anual de objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, se elaborará un plan integrado de actuación inspectora en los sectores de actividad o empresas que se determinen.

Fátima Báñez valoró estas herramientas como garantía de la eficacia de los servicios en beneficio de toda la sociedad, fundamentalmente en tres líneas: el refuerzo de los derechos de los trabajadores, a los que definió como "pilar básico de un sistema de empleo de calidad"; la lucha contra la competencia desleal entre quienes concurren al mercado y reducen costes mediante el incumplimiento de las normas; y por último, como refuerzo de la sostenibilidad del sistema de pensiones gracias a la mejora en la contributividad.

 

Para mantenerse al día de los cambios normativos, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.


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23/04/2014

El TC ampara a un extranjero que perdió los permi


El Constitucional ha estimado que el ciudadano extranjero vio vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y ha ordenado que se dicten nuevas resoluciones sobre este caso en particular.

El Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparo a un extranjero a quien se denegaron la renovación de los permisos de trabajo y residencia tras comprobarse que contaba con antecedentes penales, pues había sido condenado por conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Tiene dos hijos, uno de ellos de nacionalidad española, que dependen económicamente de él.

En concreto, la Sala Primera del tribunal de garantías anula dos sentencias, una dictada por un Juzgado de Valencia y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que confirmaron la resolución administrativa por la que, en mayo de 2010, se denegó la renovación del permiso de trabajo y de residencia a Carlos Andrés A.E. al estimar que vio vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Ordena que se dicten nuevas resoluciones sobre este caso en particular.

Carlos Andrés había solicitado en septiembre de 2008 la renovación del permiso de residencia y trabajo en España y en noviembre de ese año, la Subdelegación del Gobierno de Valencia denegó la renovación tras comprobar sus antecedentes penales. Había sido condenado por un delito comisión de un delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes a multa y privación del permiso de conducir durante 8 meses.

La Administración confirmó en 2010 su decisión al resolver el correspondiente recurso de alzada y la denegación de la renovación de los permisos fue confirmada posteriormente por sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia (en 2010) y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (en 2012).

 

En su demanda de amparo, el recurrente alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa porque las resoluciones recurridas no tuvieron en cuenta sus alegaciones acerca de sus circunstancias personales y de arraigo en España. Y, en particular, la mención al hecho de que es padre de dos hijos (que en las fechas de los hechos tenían cinco y seis años de edad), uno de ellos de nacionalidad española, y dependientes económicamente de él.

En los razonamientos jurídicos de la sentencia el tribunal tiene en cuenta la circunstancia de que no se trata del primer permiso de residencia, sino de la renovación del mismo, por lo que su denegación "implica una modificación de la posición del solicitante" y de su "condición de ciudadano", pues pasa a ser irregular y a no tener permiso para residir España.

A esta circunstancia se añade la denegación del permiso para trabajar, que supondrá "de forma casi automática la pérdida del trabajo" y, con ella, la imposibilidad de cumplir "los deberes derivados de las relaciones paterno-filiales". La resolución también afirma que en este caso concurren "circunstancias excepcionales" que debieron ser ponderadas por la Administración y los órganos judiciales.

El Constitucional reprocha a la Administración que se limitara a denegar la solicitud de renovación de los permisos al comprobar la existencia de antecedentes penales.

Tanto la Administración como los órganos judiciales debieron "tener en cuenta" la gravedad de los hechos por los que había sido condenado el recurrente, así como el hecho de que estaban en juego "el derecho a la unidad familia, junto al de protección social, económica y jurídica de la familia" en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989de Derechos del Niño".

En concreto, debía haberse tenido en cuenta que, cuando solicitó la renovación de los permisos, el recurrente ya había satisfecho la responsabilidad civil por los daños causados y la pena de privación del permiso de conducir estaba totalmente extinguida.

Estas circunstancias, añade el TC, "deberían haber sido ponderadas pues se trata de circunstancias relativas, primeramente, a su propio esfuerzo de integración y arraigo, toda vez que el recurrente carecía de otros antecedentes penales distintos de los ya expuestos y tenía además un contrato de trabajo indefinido".

Igualmente, considera el Constitucional que los tribunales valencianos deberían haber tenido en cuenta el arraigo familiar (la madre del recurrente reside en Valencia con una autorización de residencia permanente) y la existencia "de los dos menores (uno de los cuales es español, ambos son de corta edad, pues nacieron en 2002 y 2003, por lo que tenían 5 y 6 años en el momento de la solicitud, y están parcialmente bajo su custodia, dependiendo además económicamente de su pensión de alimentos)".

El Constitucional concluye que las resoluciones judiciales (las de la Administración no pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva) han realizado una "interpretación de la norma que no respeta el canon constitucional de motivación" pues "se han limitado a confirmar las resoluciones administrativas sin ponderar las especiales circunstancias personales del demandante de amparo, cuando la norma legal aplicable consentía una interpretación que hubiera permitido tal ponderación".

 

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